Durante los últimos meses nuestro país ha tenido un intenso debate sobre cuál es la mejor manera de reformar nuestro sistema nacional de cuidado de salud.
La iglesia ha tenido un rol importante en el debate — y por buenas razones. Los católicos han dirigido hospitales y ofrecido servicios de salud en este país desde la generación previa a la Revolución Americana, desde que las primeras hermanas Ursulinas francesas fundaron un hospital y un orfanato en 1727 en Louisiana.
La doctrina católica enseña que el cuidado de salud es una dimensión esencial del bien común. (ver Catecismo, n. 1908) Y los obispos de Estados Unidos hemos insistido por muchos años que debemos encontrar una manera para asegurar que todos los americanos tengan acceso al cuidado de la salud, y que éste sea decente y según sus posibilidades económicas.
Bajo esta luz, el voto que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados el 7 de noviembre, sobre la reforma integral de la legislación, fue realmente un evento histórico.
Me alegra que la Cámara haya votado para excluir los abortos financiados por los contribuyentes de la reforma del sistema. Ha sido una victoria para la democracia, la vida humana y el sentido común.
También doy gracias por la extraordinaria expresión de responsabilidad política de parte de la comunidad católica en el país.
Los obispos de los Estados Unidos han mostrado un excelente liderazgo al analizar la legislación desde un punto de vista moral y al articular una postura firme, guiada por principios morales. Algunos demócratas católicos de la Cámara han mostrado mucha valentía al apoyar la enmienda para no financiar los abortos. Y los ciudadanos católicos se han hecho escuchar con voz fuerte y clara.
Ahora que la legislación pasa al Senado, muchas preguntas siguen sin respuesta — no solo con relación al aborto, sino sobre la estructura básica de la reforma que están contemplando.
Aunque como católicos creemos que el cuidado de la salud es un derecho básico, y que el gobierno tiene que asegurar que los ciudadanos tengan acceso a esos servicios, la pregunta sigue siendo cómo y hasta qué punto debe llegar la participación del gobierno.
Personalmente todavía no me queda claro si esta legislación es realmente el mejor medio para responder a las necesidades de los americanos de bajos recursos y sin seguro. Me preocupa el costo y el nivel de participación del gobierno en el sistema de seguridad médica, y la posible erosión del principio de subsidiariedad en algunas de las propuestas de reforma.
La subsidiariedad es un principio esencial de la doctrina social de la iglesia. Este principio afirma que algunos servicios en la sociedad deberían ser ofrecidos por las organizaciones que están más cerca a las personas que los necesitan. Además, advierte contra una intervención del Estado que pueda amenazar o “suplantar la iniciativa y la responsabilidad de las personas y de las corporaciones intermedias”. (Catecismo, nn. 1883, 1894)
También me preocupa profundamente la posibilidad de que los inmigrantes puedan perder la cobertura de seguridad médica que tienen ahora. Y me preocupa que esta legislación no proteja adecuadamente los derechos de libertad de cons-ciencia de las instituciones y trabajadores católicos dentro del sistema de seguridad médica.
Pero más importante aún, creo que estamos frente a una lucha ardua contra aquellos que ven la reforma de salud como un medio para promover su agenda radical anti-vida.
Nuestra posición como católicos y americanos es razonable y responsable. No es una posición sectaria. No podemos ser acusados con credibilidad de tratar de imponer nuestros valores religiosos a nuestros conciudadanos.
Claro que creemos que el aborto es un homicidio legalizado, y que la destrucción de los niños no-nacidos no debería ser parte de las políticas y prácticas de una nación civilizada.
Pero nuestra posición tiene sentido incluso si la miramos simplemente como política pública. Rechazamos la idea de que el aborto — supuestamente un procedimiento médico — debería ser exigido como un “derecho” bajo la legislación sobre la reforma del sistema de salud; también rechazamos la idea de que el gobierno debería pagar por él o subvencionarlo.
Independiente de lo que uno crea sobre la moralidad del aborto, es claro que no es un servicio médico esencial. Así como siempre dicen sus defensores, el aborto es una “elección”. Y por lo tanto, no tiene sentido que el gobierno lo promueva o use el dinero de nuestros impuestos para financiarlo.
Estamos ante una dura batalla. Pero debemos ser diligentes en luchar contra la tendencia a formular la discusión nacional sobre el sistema de salud solamente en términos de consideraciones económicas y burocráticas. Tenemos que estar muy centrados en la santidad y dignidad de la persona humana. Tenemos que luchar contra todos los intentos de justificar el racionamiento de servicios a los ancianos, los desahuciados y los discapacitados.
Sigamos vigilantes en el paso del debate legislativo al Senado. Sigamos trabajando y rezando por una reforma que verdadera-mente promueva la vida, la dignidad, la salud y las consciencias de todos.